Hilario
Albarracín

Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena a CEOE por dar lugar a este foro, muy oportuno y relevante, y agradecerle la oportunidad de participar en él. Muchas gracias, Antonio Garamendi. Quisiera aprovechar mi intervención para abordar la imperante necesidad de seguir construyendo una estrategia consensuada y sostenible para las empresas y para nuestro país en su conjunto. Una estrategia ambiciosa con la mirada puesta en el siglo XXI.

Nos estamos enfrentando a una situación inédita y extraordinaria, planteada por la crisis sanitaria, pero que no nos debe hacer olvidar los grandes retos en marcha, que ya formaban parte de la agenda de las empresas, implicadas en un profundo momento de transformación tecnológica, organizativa y, en definitiva, de sus modelos de negocio. Una estrategia que asuma que solo podremos impulsar un proyecto ganador, si vamos de la mano con respuestas eficaces que contemplen las cambiantes necesidades que afrontamos a corto, medio y a largo plazo.

Y hablemos del corto plazo, donde lo más relevante es estabilizar la economía y poner en marcha todos los recursos necesarios, con la flexibilidad requerida para que las empresas logren superar las dificultades más apremiantes de la crisis y puedan mantener sus principales activos, tanto de negocio como de talento. Por obvio que resulte, no sobra recordar que solo las empresas que superen el presente podrán crear riqueza y empleo en el futuro, y, por ende, asegurar la viabilidad de las cuentas públicas con un pacto presupuestario a largo plazo y una estrategia específica para esta crisis.

Por ello, lo primero debe ser asegurar la menor destrucción posible del tejido empresarial y, como consecuencia de ello, procurar también que se produzca el mayor mantenimiento de empleo posible. Facilitar el acceso a financiación a través de medidas fiscales, financieras y regulatorias es en este punto esencial. La flexibilidad y la eficiencia en estos campos serán claves para conseguirlo, y ahí jugaremos un papel vital, tanto empresas como gobiernos y la sociedad.

De ese esfuerzo depende el mantenimiento de las importantes capacidades productivas construidas durante décadas en sectores muy relevantes para nuestra economía por su aportación al PIB, como son el turismo, la automoción, la industria manufacturera en general o el sector agroalimentario, entre otros. El beneficio que obtendremos al apoyar ahora estos sectores en sus procesos de transformación será infinitamente superior al coste y al esfuerzo que supone protegerlo en estos momentos. Y baste como ejemplo la referencia a un sector que fue protagonista la semana pasada, -el de la automoción-, con la aprobación de un Plan de impulso a la cadena de valor del sector.

Este Plan supone una importante movilización de recursos públicos y privados, y sobre todo nos deja un mensaje destacado: nos brinda la oportunidad de seguir participando en la asignación de nuevos modelos a producir en España.

Asimismo, tendremos la ocasión de generar una nueva industria basada en la movilidad, en la que están implicados muchos otros sectores de nuestra economía, con un potencial de negocio de más de 300.000 millones y un impacto en el crecimiento del PIB entre un 7% y un 12%, y también de más de un 4% en la creación de empleo; un empleo, por cierto, de calidad y con mayor estabilidad.

Pero dejando a un lado este ejemplo de apoyos a sectores fundamentales, -y del mismo modo en que muchos empresarios y directivos han venido subrayando a lo largo de estas sesiones-, las medidas destinadas a flexibilizar el marco laboral son fundamentales para superar este presente. El acogimiento a los ERTE en el estado de alarma ha sido una medida relevante para mantener vivas las relaciones de trabajo y, en consecuencia, ayudar a las empresas en sus costes salariales de Seguridad Social o ante hipotéticos costes derivados de indemnizaciones que, al no haberse producido extensiones del contrato de trabajo, no han existido.

Además, esta es una iniciativa que no solo se ha adoptado en España, sino también en el resto de los países de nuestro entorno europeo o latinoamericano. Esta medida debe seguir siendo la base desde la que preservar el futuro del empleo que ha ayudado a mantener. Ahora bien, no puede hacerlo solo por sí misma, sino que necesita complementarse con otras medidas flexibilizadoras de las relaciones de trabajo, y en ellas, la movilidad funcional, el teletrabajo, las jornadas reducidas o procedimientos más ágiles para modificaciones de condiciones son algunos ejemplos.

Es importante tener en cuenta que la vuelta a la normalidad es todavía un proceso en marcha plagado de incertidumbres, y muchas de las empresas tardarán todavía en recuperar el músculo financiero previo a la COVID. En este sentido, cualquier medida que introduzca rigideces o incremente costes en las relaciones laborales será un freno, no solo al crecimiento, sino también al objetivo de mantenimiento del empleo.

Y aquí quiero detenerme también a hablar de las subcontrataciones, vistas y entendidas como un recurso eficaz para ayudar a las empresas a ganar eficiencias. No debemos olvidar que en un contexto como el actual estas eficiencias pueden suponer la diferencia entre la supervivencia o la desaparición. En este punto, todas las políticas desarrolladas en el entorno comunitario sobre la colaboración público-privada en la generación de empleo y los incentivos de la colaboración empresarial para ganar crecimiento deben ser un ejemplo a seguir.

Tan importante como velar por que la subcontratación no oculte incumplimientos o malas prácticas es entender sus beneficios que, de forma recurrente, han sido destacados por las empresas, entre ellos el acceso a servicios especializados con mayor flexibilidad, generando empleo con mayor agilidad de lo que lo harían las propias empresas de manera orgánica.

Finalmente, quiero hacer una referencia a las prácticas legislativas de otros países europeos donde, si bien se penaliza el fraude, se pone más hincapié en fomentar su utilización, -la de las subcontrataciones-, dentro de los límites de la libertad de empresa y el derecho de los trabajadores. El impacto de la COVID ha sido repentino y radical y, por mucho que hagamos, mientras no haya vacuna o tratamientos médicos eficaces, seguiremos jugando en el terreno de lo incierto. Todos los análisis que hagamos y las medidas que tomemos en este momento deberán ser adaptables ante una nueva situación excepcional.

Es imprescindible dar oxígeno a las empresas y, -todavía más importante-, no restárselo. Más y mayores empresas son equivalentes a más y mayor empleo. Y con este primer paso garantizado, podemos pensar en la siguiente etapa. En el medio plazo, la incertidumbre seguirá estando presente. No sabemos con certeza si habrá o no más rebrotes, si se producirán en España o en mercados importantes para nuestras cadenas de suministro, para nuestras exportaciones o para nuestras inversiones. Pero sí podemos partir de los aprendizajes de este primer brote y diseñar los potenciales escenarios de los próximos meses, mejorando nuestras capacidades de respuesta.

Lo cierto es que, lejos de haber dejado atrás la COVID-19, la pandemia todavía sigue creciendo en muchos países y mercados cercanos o importantes para España, como Latinoamérica o África, o produciéndose rebrotes en otras geografías donde parecía extinguida. Las Administraciones Públicas y empresas no podemos bajar la guardia y tenemos que reforzar nuestra resiliencia, puesto que nos enfrentamos a un desafío permanente.

Es imprescindible, por tanto, y urgente contar con un esquema general de gestión de esta crisis que sea capaz de prever y planificar los próximos trimestres. Debemos adaptar nuestro sistema productivo para que pueda mantenerse activo en esta nueva realidad, ser creativos, proactivos y anticiparnos a la situación. En este sentido, es fundamental incentivar y apoyar a las empresas en sus procesos de transformación digital, puesto que, como hemos vivido, la capacidad de seguir prestando servicios o proporcionando productos, incluso en el confinamiento, ha funcionado perfectamente y ha sido diferencial.

Y también, ayudar a las empresas en su proceso de reestructuración operativa, y ante la incertidumbre de cómo y cuándo podrán reactivarse completamente las cadenas de suministro vigentes hasta finales de 2019, podemos tratar de anticipar mejor una posible disrupción de la producción o el transporte internacional, reajustándolo para una mayor resiliencia.

Esta incertidumbre, que tan poco gusta a los mercados y a las empresas, es la realidad que nos está tocando vivir. Por ello debemos evitar abrir nuevos interrogantes, y la claridad, la seguridad y la predictibilidad del marco regulatorio, es decir, la seguridad jurídica, son cuestiones vitales en este momento.

Permítanme que concluya esta intervención con una visión final de país, de modelo productivo, laboral, educativo, que debe dirigirse a la consecución de una economía competitiva para el largo plazo. Ese es el enorme reto para las empresas y para nuestro país y el que merece todo nuestro apoyo. Antes o después, esta gran crisis terminará y, para entonces, ya debería haberse producido el debate sobre qué modelo económico queremos y cómo construirlo.

A través de la digitalización, la reindustrialización, la formación y la sostenibilidad, debemos estar preparados para sacar el máximo potencial a nuestras capacidades como empresas y como país. Y para ello contamos con tres ejes fundamentales. El primero, la tecnología, la digitalización y la innovación. Porque una economía innovadora, tecnológica y digital es más resiliente, más ágil y de mayor valor añadido. Y para llegar a ella, tenemos que seguir apoyando a las empresas en sus procesos de transformación y revisar el sistema educativo y la colaboración universidad-empresa para favorecer el empleo juvenil y el acceso al mejor talento.

Segundo eje, la ética y la sostenibilidad. Porque las cuestiones sociales, medioambientales y de buen gobierno son y serán cada vez más importantes para los clientes, empleados, consumidores, inversores y para la sociedad en su conjunto. El mercado juzga cómo las empresas producen o gestionan, si tienen un claro propósito, qué valores sustentan sus modelos de negocio, si aportan valor compartido o miden el impacto ambiental de su actividad.

Y el tercero, la transparencia y la confianza. Porque en un mundo conectado y sobreinformado, no solo hay que tener una estrategia sostenible digital, sino que hay que saber contárselo a la sociedad con transparencia, con honestidad, para generar una confianza que tiene que ser la base de esta economía que queremos construir.

Finalmente, quiero subrayar la importancia de no bajar la guardia y de trabajar conjuntamente con ambición, empresas y administraciones, para impulsar una economía flexible y resiliente. En definitiva, para forjar un país preparado para mantener su capacidad productiva y nivel de empleo, y para salvaguardar la salud y seguridad públicas en todos los escenarios que podamos afrontar. Muchas gracias.