Ignacio
S.
Galán
Presidente Iberdrola
Esta crisis global va a generar una gran competencia entre los distintos países por captar capital y talento.
Muchas gracias. Yo quiero comenzar agradeciendo a CEOE, y en particular a Antonio Garamendi, por la organización de estas mesas como un gran foro para el diálogo abierto y transversal que busca soluciones a una situación económica y social sin precedentes.
Creo que los principios publicados por CEOE son una aportación muy relevante a la hora de definir los paquetes de estímulo y las políticas económicas que permitan una recuperación lo más inmediata posible, y a la vez, que aceleren la modernización de nuestra economía y la transición hacia un modelo más competitivo, sostenible, inclusivo y resiliente.
Para ello es esencial apoyar las actividades con un futuro claro, pero que pasan por dificultades coyunturales, reconvertir los sectores con un futuro incierto hacia sectores más prometedores e invertir en otras áreas novedosas.
Un proceso como este requiere, sin duda, de una fuerte inversión en formación y educación para dotar a los trabajadores y a los técnicos de las habilidades necesarias en estos nuevos entornos.
La magnitud de la respuesta necesaria frente a esta crisis va a dejar como herencia una deuda pública gigantesca a las generaciones futuras. Dejémosles también un país mejor con reformas que lo hagan más eficiente y más competitivo.
Los principales organismos internacionales y organizaciones, como la European Round Table of Industrialists, a la que pertenezco, que reúne a las 50 mayores empresas industriales de Europa, coinciden en estos mismos principios y planteamientos.
Pero esta crisis global va a generar una gran competencia entre los distintos países por captar capital y talento. Será más esencial que nunca, por tanto, contar con marcos estables, predecibles y atractivos que den seguridad jurídica y atraigan las inversiones y los conocimientos necesarios. Algunos países, como Alemania o Francia, están ya tomando medidas dirigidas en esa dirección.
Por una parte, lo están haciendo con planes que potencian sectores con futuro, siguiendo la misma filosofía que inspiró en los años 80 el “Plan 3R”, de transformación industrial del País Vasco, que Antonio Garamendi y yo vivimos muy directamente.
Sectores que generan empleo de calidad y duradero, que están dotados de un importante efecto multiplicador en el tejido industrial y de servicios, y alineados con las prioridades europeas de digitalización y “Green Deal”.
Por otra parte, también con una rebaja de la presión fiscal para incentivar la demanda interna y atraer la inversión internacional. Repito, lo están haciendo ya Francia y Alemania.
Estos planes incluyen, también, importantes incentivos en la electrificación de la economía. Así, por ejemplo, en Alemania se ha propuesto un precio mínimo de emisiones a las de CO2 para el transporte y la climatización, cuya recaudación se destinará a reducir los costes de la factura eléctrica, priorizando, a la vez, el desarrollo de tecnologías como la bomba de calor para climatización, el transporte eléctrico, el hidrógeno verde o el almacenamiento de energía; todas ellas con un importante efecto tractor en la industria y en el empleo. Porque, además, según el Instituto de Estudios Económicos y la consultora Afi, el sector eléctrico es uno de los que mayor efecto arrastre ejerce sobre otros sectores.
Así, las inversiones en este sector hacen que por cada empleo interno generado se generen 12 en sectores como la construcción, la fabricación de bienes de equipo, los servicios de ingeniería o instalación o en el de la máquina-herramienta.
Gracias al Plan de Energía y Clima que se encuentra en este momento en tramitación en el Parlamento, en España ya disponemos de una hoja de ruta para la inversión que se produzca en este sector en la próxima década y pueda generar hasta 300.000 empleos en nuestro país.
Pero acelerar su implementación a 2025 tendría un efecto inmediato en el crecimiento económico y en el empleo, aumentando la competitividad y disminuyendo nuestra dependencia energética exterior, mejorando la balanza de pagos, reduciendo nuestras emisiones de gases nocivos, todo ello sin ejercer presión, además, sobre las cuentas públicas.
Para ello será necesario, en primer lugar, incrementar las inversiones en redes de distribución eléctrica.
La Agencia Internacional de la Energía ha avisado recientemente -yo he participado en varios foros con ellos en las últimas semanas- de la necesidad de un incremento del 50% de la inversión en redes eléctricas durante la próxima década para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones e incrementar la resistencia del sistema, que, como hemos visto, es absolutamente vital para mantener las luces encendidas en momentos críticos como los que hemos vivido.
Para ello, en nuestro país se precisan medidas como la eliminación del límite máximo de inversión que actualmente, por ley, está fijado en el 0,13% del PIB en esta parte de la red. Un incremento significativo de inversión en estas redes de distribución podría generar hasta 40.000 empleos de trabajo en España.
Por otra parte, hay que acelerar la instalación de nueva capacidad renovable a 2025 sin esperar a 2030. Esto supondría inversiones de más de 32.000 millones, ingeniería con rapidez, 90.000 empleos de trabajo en todo el territorio y, además, muy especialmente, en los ámbitos rurales.
Sin embargo, precisaría, para poder hacerlo eficiente, de una mayor capacidad de almacenamiento que aporte flexibilidad al sistema.
Una inversión de 5.000 millones en bombeo hidroeléctrico o baterías hasta 2025 favorecería la creación de 14.000 empleos, generando efectos positivos en la llamada “España vaciada” y claros beneficios para la industria de bienes de equipo y de construcción.
El impulso también de la electrificación de otros usos energéticos dará lugar a inversiones muy relevantes en sectores como la climatización, que decía anteriormente, a través de una mayor penetración de bombas de calor que sustituyan las calderas de calefacción tradicionales y cuyo mayor rendimiento energético presenta grandes ventajas en términos de reducción de emisiones y eficiencia. Algunos ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Madrid, tienen ya planes en este sentido.
La sustitución de calderas de gasoil actuales por bombas de calor significaría 40.000 millones de inversión y 110.000 empleos entre fabricantes e instaladores, a la vez que redundaría en la mejora de la calidad del aire de las ciudades.
En el sector de transporte, un adelanto a 2025 de las inversiones en infraestructuras de recarga y la electrificación de las flotas urbanas de autobuses significaría inversiones de 5.000 millones y 14.000 puestos de trabajo.
Está inversión sería igual que la destinada a climatización, muy beneficiosa, también, para lograr una mejora de la calidad del aire en las áreas metropolitanas, además de reducir el costo para los usuarios.
Finalmente, la transición energética presenta oportunidades de inversión en nuevas tecnologías como el hidrógeno verde, necesario para diversos procesos industriales y para la fabricación de fertilizantes.
España, que ya ha perdido el tren -o está a punto de perderlo en el desarrollo de la industria de fabricación de baterías en Europa, no puede permitirse desaprovechar esta nueva oportunidad.
Descarbonizar el 25% del hidrógeno industrial implicaría inversiones de más de 4.000 millones y la creación de 11.000 puestos de trabajo. Para todas estas medidas, además, disponemos de la tecnología, del capital humano y del acceso a los recursos financieros necesarios; pero para aprovechar esta oportunidad es imprescindible tomar, de forma urgente, diversas medidas en línea con las recomendaciones que realiza CEOE.
En primer lugar, una reorientación de la fiscalidad que garantice un reparto equilibrado de los costes medioambientales entre todos los sectores energéticos, a partir del principio de “quien contamina paga”.
Medidas como la ya citada (el Gobierno alemán ha establecido un impuesto a las emisiones de CO2 de los sectores de transporte y de climatización), podrían permitir destinar los fondos a reducir la factura eléctrica, con un especial impacto positivo para la industria electrointensiva.
En segundo lugar, revisar el modelo de mercado eléctrico, solucionando la precaria situación económica de las tecnologías de generación eléctrica de base y de respaldo, necesarias para la seguridad del suministro.
En tercer lugar, hay que agilizar los procesos administrativos. Hoy se tarda hasta cinco años en obtener los permisos para un proyecto energético cuya construcción se realiza en apenas 12 meses.
En cuarto lugar, incrementar los apoyos a la I+D+i para aprovechar el potencial de crecimiento de nuevos sectores, como decía anteriormente (bombas de calor, hidrógeno verde, almacenamiento), y promover las inversiones en digitalización de las redes eléctricas de distribución.
En quinto lugar, formar equipos de profesionales adaptados a esta nueva etapa digital y renovable, principalmente en las actividades citadas de redes, generación y almacenamiento.
Y, por último, diseñar una política industrial que fomente el desarrollo de la industria nacional en esas áreas.
Aunque contamos ya con compañías sólidas y competitivas en sectores tales como turbinas eólicas, plataformas marinas, redes eléctricas inteligentes, seguidores fotovoltaicos, inversores, transformadores, etcétera, necesitamos una mayor masa crítica concentrando en el corto plazo mayores volúmenes de inversión para que los fabricantes de esos equipos alcancen un mayor tamaño.
Tenemos que ser capaces de acelerar, de invertir ya, para crear empleo desde ya, generando, además, esa masa crítica necesaria para consolidar un tejido industrial que nos permita contar con grandes empresas líderes dentro y fuera de nuestras fronteras y con capacidad de seguir invirtiendo en I+D.
Iberdrola está dispuesta a ayudar y a apoyarlo, por eso hemos acelerado ya nuestras inversiones, que alcanzarán los 10.000 millones de euros este año, casi duplicando la media de los últimos cinco años.
Además, en los últimos meses, hemos adelantado a nuestros suministradores pedidos por cerca de 5.000 millones, y así seguiremos ejerciendo un efecto tractor sobre el tejido industrial y contribuyendo a su crecimiento y competitividad a nivel internacional.
Por ejemplo, hace apenas unos días tuvimos la oportunidad de firmar nuevos contratos con proveedores del País Vasco por cerca de 500 millones, y esta misma semana lo haremos con Navantia, en Galicia, por una cantidad similar.
En conclusión, debemos aprovechar los recursos que la Unión Europea nos puede proporcionar para transformar nuestra economía y nuestro modelo energético hacia otro más electrificado, sostenible y competitivo. Un modelo que cree empleo estable y de calidad, y que sirva de tractor a otros sectores.
Tenemos la oportunidad de posicionar a España a la cabeza de la transición energética, y generar esos 300.000 empleos que dice el Plan Nacional de Energía y Clima, en el corto plazo.
Contamos con todo lo necesario para ello: energías renovables, empresas de referencia, tecnología y talento. Pero precisamos de marcos legislativos y fiscales atractivos que den seguridad jurídica, predictibilidad y estabilidad, porque si no lo hacemos nosotros, lo harán otros países, y algunos lo están haciendo ya.
Los que tienen la responsabilidad de crear estos marcos saben que pueden contar con la ayuda y el compromiso de Iberdrola, igual que llevamos haciendo a lo largo de nuestros 120 años de historia en España, porque no podemos llegar tarde a esta nueva revolución industrial cuyo tren está ya en marcha. Tenemos algunas ventajas competitivas que debemos aprovechar.
Termino dando las gracias a CEOE y a Antonio Garamendi, su presidente, por organizar estas jornadas. Muchas gracias.