Ignacio
Vivas
Presidente AESTE
En estas circunstancias se ha visto que los profesionales han estado en primera línea y en muchos casos, y así lo reconocemos, creo que no pagados como debería ser.
Muchas gracias. En primer lugar, quería dar mi más sentido pésame a todas las familias afectadas, ya no solo en residencias, en ese sector, sino en toda España. Hemos pasado una situación muy dura, una situación realmente complicada. Yo creo que todos, el Gobierno, administraciones públicas, empresas privadas, lo hemos dado todo para salir adelante. Repito, siento profundamente todo el dolor que esta pandemia ha podido causar y ha causado, de hecho.
En primer lugar, quería poner un poquito el foco en el contexto sectorial. En España, según las estimaciones existentes, hay alrededor de 5.500 centros residenciales, en los que se gestionan alrededor de 390.000 plazas residenciales, un número muy superior a los que ofrece el sistema sanitario público y privado en su conjunto.
En estos centros trabajan aproximadamente 200.000 profesionales de manera directa, por no hablar del empleo indirecto que también se genera. Los empleos creados en este sector son empleos estables, no deslocalizables, que se generan normalmente cerca de los municipios donde existen las residencias.
La perspectiva tradicionalmente simplista concibe las residencias como un conjunto homogéneo con características similares, cuya única diferencia apreciable es la dimensión del centro. Nada más lejos de la realidad, las residencias de personas mayores incluyen centros radicalmente diferentes y heterogéneos.
Son diferentes por muchos motivos. Diferentes por quienes tienen la titularidad: sabemos que existen centros públicos y privados. Aproximadamente el 25% de las plazas residenciales son públicas, mientras que el 75% de ellas son gestionadas por entidades privadas, tanto entidades mercantiles como entidades sin ánimo de lucro.
Son diferentes, naturalmente, por las propias dimensiones: el 23% de las residencias tiene más de 100 plazas. Diferentes por el lugar en el que se ubican: hay centros urbanos, centros rurales, centros en entornos de grandes ciudades y centros en municipios muy pequeños.
Son diferentes también por la comunidad autónoma en la que desarrollan su actividad: las competencias en materia de atención residencial, como todos sabemos, están transferidas a las comunidades autónomas, existiendo muchas diferencias, en algunos casos notables, en las normativas aplicables.
Son diferentes también por el carácter de la financiación de las plazas que se gestionan: residencias en las que las plazas se financian con fondos públicos, residencias en las que sus plazas se financian privadamente por los propios residentes.
Y diferentes también, y este es un elemento muy esencial y que se comenta poco, por la misma concepción de centros de residencias: las hay concebidas esencialmente como residencias sustitutas del hogar de los residentes o como un recurso intermedio para la prestación de una atención integral más medicalizada a las personas mayores en situación de dependencia.
Es un elemento esencial porque determina la estructura no sólo arquitectónica, sino el carácter y profundidad de los servicios que en el mismo se prestan, así como la composición de los equipos profesionales.
Por lo tanto, considerar a las residencias de personas mayores como un conjunto del que se puede hablar en términos generales sin introducir ninguna diferencia al respecto es un atrevimiento imprudente. Ni todas las residencias son iguales, ni todas ellas ofrecen los mismos servicios ni con igual intensidad. Y en cualquier caso, tengo que decir que todo el sector y todas las residencias tienen cabida en este modelo. Dar unos servicios u otros no hace a unos mejores y a otros peores. Y por supuesto, no todas ellas disponen de iguales recursos para hacer frente a situaciones excepcionales de emergencia sanitaria como la que se ha producido.
Sin embargo, si hay algo que tenemos todos en común, es que los residentes son personas mayores con dificultades o limitaciones para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, limitadas muchas de ellas en su actividad cotidiana y aquejadas en su mayoría de pluripatologías.
Todas estas personas mayores ante una emergencia sanitaria, como la generada en la pandemia del COVID-19, constituyen un grupo poblacional absolutamente vulnerable, como se ha demostrado. Sin embargo, aquellas personas que además residen en las residencias, por la estrecha convivencia en las instalaciones de los centros, se presentan como un grupo altamente vulnerable y necesitan de una protección más especial, si cabe.
Yo creo que no ha llegado el momento todavía de hacer balance de lo sucedido ni de las consecuencias de la pandemia generada por la extensión del COVID-19, pero algunas conclusiones provisionales que hemos aprendido en AESTE, queremos lanzar.
En primer lugar, el modelo de atención residencial a personas mayores debe ser revisado. AESTE y el resto de las organizaciones empresariales y sindicales del sector, así lo venimos reclamando desde hace muchos años. Por otra parte, las necesidades de los residentes deben situarse en el centro del modelo de atención residencial a las personas mayores.
No es aceptable un modelo que considera a los residentes como un grupo homogéneo e indiferenciado y esto conduce necesariamente a que deben coexistir centros convivenciales de atención eminentemente social con centros sociosanitarios que presten atención integral a personas en situación de dependencia moderada o severa.
Deberá asegurarse una eficaz y real coordinación del sistema sanitario. Aunque ahora se haya puesto más de manifiesto, esta es una realidad endémica. En las residencias de personas mayores no reciben una adecuada atención desde el sistema público de salud.
La escasez de recursos de atención primaria, la falta de dotación de servicios de geriatría de muchos hospitales, el crecimiento de la población mayor, los ajustes en el gasto sanitario, son elementos que han convertido a los residentes casi en ciudadanos de segunda clase, una desviación histórica de todo nuestro sector y de todos los agentes sociales.
Insisto, esto no tiene que ver con la situación que se ha vivido, esto tiene más que ver con una situación endémica del sector. Venimos reclamando desde hace tiempo una mayor coordinación.
Hay que tener en cuenta que la evolución demográfica va a presionar mucho al sistema en el futuro, sobre todo en el segmento de personas mayores, y para que esto se haga sostenible, la coordinación es absolutamente necesaria.
Las administraciones públicas, por otra parte, tienen que asegurar una adecuada financiación del sistema de atención a la dependencia y esto convertirá al sector en uno digno desde todos los puntos de vista. Nosotros, con las patronales, incluso de manera conjunta con los sindicatos, venimos reclamando una dignificación de este sector a través del incremento de los precios públicos.
Hay que considerar que una parte importante de las plazas son financiadas por las comunidades autónomas y nosotros, junto con las patronales, tenemos muchas limitaciones a la hora de negociar nuestros convenios, precisamente por ese tope que tenemos en los precios públicos.
La intención de subir precios públicos, frente a los que algunos puedan pensar, no es para que las empresas ganen más dinero, sino para dignificar el sector desde todos los puntos de vista, haciéndolo más atractivo para todos los profesionales y con salarios más dignos. Hay que garantizar la profesionalización del sector, esto tiene mucho que ver con lo que comentaba antes, de manera que sea atractivo para los profesionales asegurándoles un empleo estable y de mayor calidad, que yo creo que lo merecen.
En estas circunstancias se ha visto que los profesionales han estado en primera línea y en muchos casos, y así lo reconocemos, creo que no pagados como debería ser. La realidad es que en este tiempo el trabajo y esfuerzo de los profesionales ha permitido garantizar la seguridad de los residentes y disminuir la incidencia de la pandemia. Lamentablemente, se ha producido, como he comentado al principio, un elevado número de fallecimientos y cualquier perdida humana es una tragedia que a todos nos hubiese gustado poder evitar. Cuando digo a “todos”, es a todos y no hay que buscar culpables. Yo creo que todos hemos hecho lo mejor que hemos sabido.
Siempre hemos cometido aciertos y errores, pero es muy fácil opinar sobre todo desde el exterior sobre las situaciones que se han vivido, situaciones que han sido realmente duras. Ningún país está preparado para una pandemia, ni sus servicios sociales, ni el sector salud. Desde otro punto de vista, los residentes han recibido toda la atención que precisaban y que ha estado a nuestro alcance. Los profesionales sanitarios se han dejado la piel, las gerocultoras y el personal de servicios generales, todos nos hemos dejado la piel. Han estado al lado de los residentes durante todo este tiempo. Los residentes que desgraciadamente han fallecido en las residencias no han fallecido solos, han fallecido siempre de la mano de un profesional. Muchos de los residentes, además, han podido ser trasladados al sistema sanitario. Evidentemente, hubo un momento de colapso y hubo dificultades para realizar esto y es lógico y comprensible. Al final, en el sistema sanitario también han hecho grandes esfuerzos y no somos nosotros tampoco quiénes para juzgar algo que no conocemos o, por lo menos, desde AESTE no conocemos en profundidad.
Nos parece de justicia reconocer tanto el trabajo de los profesionales sanitarios como de nuestros profesionales, que en muchos casos han trabajado mano a mano.
Bueno, como resumen y como propuestas para reforzar el cuidado de las personas mayores a corto plazo, yo creo que tenemos que tomar nota y ante un posible rebrote del COVID-19, hay una serie de medidas que yo resumiría en cuatro que son fundamentales: tenemos que tener un sistema de alertas tempranas, esto no puede volver a pasar; tenemos que tener test masivos para residentes y profesionales, necesitamos contar con la seguridad de que estas oleadas del test no van a volver a afectar de la misma manera; tenemos que estar adecuadamente preparados para sectorizar los centros y tomar las medidas adecuadas en cada momento, ya con el conocimiento de lo que ha pasado.
Creo que vamos a poner en valor el tremendo trabajo que se hace en las residencias desde el conocimiento de una situación que, insisto, era muy difícil de conocer para todos los agentes implicados.
El suministro de EPIs corresponde a cada una de las entidades que gestionan los centros. Somos empresas y así debemos de proporcionarlos, pero en situaciones de colapso donde incluso al Gobierno y comunidades autónomas le es complicado moverse, yo creo que sería muy bueno contar con un stock de seguridad por parte de las administraciones públicas.
Por supuesto, coordinación sociosanitaria. Debemos empezar a hablar ya y no dejarlo para cuando suceda, de cómo vamos a afrontar -si es que sucede, que todos esperamos que no- el siguiente rebrote. Si sucede, yo creo que tenemos que estar preparados, no podemos improvisar como hemos, desgraciadamente, tenido que improvisar en esta difícil situación.
En cuanto a propuestas de futuro más de largo plazo, yo llamaría a todos los grupos políticos del Congreso para comenzar a trabajar de forma inminente en todas las medidas a tomar para el futuro y solicitamos un gran pacto de Estado en el que políticos, comunidades autónomas, el INSERSO, las asociaciones de mayores, las sociedades científicas implicadas, los sindicatos del sector, definamos cuál debe ser el futuro del sistema de cuidados a los mayores.
Son medidas que debemos abordar de forma urgente con una visión de largo plazo, ya que la evolución demográfica no va a producirse de cuatro en cuatro años como las legislaturas, sino que debemos de establecer un plan a mucho más largo plazo.
Por otra parte, profesionalizar -como he dicho antes- los servicios, dignificando el sector con una apuesta más importante de financiación; contar con un sistema de acreditación equitativo; desarrollar la autonomía personal del residente; potenciar la colaboración público-privada y creación, por supuesto -que ya lo venimos pidiendo desde hace tiempo-, de una mesa de trabajo en la que participen las asociaciones de mayores.
Hay que hacer del mayor el centro de atención, que no sólo lo sea en este tipo de situaciones. Por desgracia lo hemos sido y espero que sigamos siendo el centro de atención cuando esto pase y que nos volquemos todos en hacer lo mejor para nuestros mayores.