José
Manuel
Entrecanales
Presidente Acciona
Hay que eliminar barreras regulatorias innecesarias, hay que crear un entorno de estabilidad y confianza.
Gracias Antonio Garamendi y enhorabuena por la iniciativa. Primero, cómo no, dedicarle un recuerdo a todos los que han perdido algún ser querido y otro de agradecimiento a los profesionales que, en todas las áreas esenciales de nuestra sociedad, se han mantenido, valiente y generosamente, al pie del cañón en los momentos más duros de esta crisis.
Como quizá algunos de ustedes sepan, toda la estrategia de Acciona y el enfoque de la mayor parte de mi vida profesional los he dedicado a intentar proveer de soluciones a algunos de los grandes retos de nuestro tiempo. Sobre todo, a la crisis climática y sus consecuencias económicas, sociales y medioambientales.
Lo he hecho porque es evidente que nuestro modelo económico mundial, a pesar de su aparente éxito, tiene enormes carencias y grandes oportunidades de mejora.
Tiene el éxito de haber sido capaz de disminuir del 42% al 10% el porcentaje de personas que sufrían pobreza en tan solo medio siglo, y de dotar a la humanidad de estándares de bienestar como nunca se habían visto.
Pero también tiene el enorme defecto de haberse alimentado de recursos naturales insustituibles, de haber causado daños irreparables a nuestro entorno medioambiental y de no haber generado un crecimiento suficientemente equilibrado, o de habernos llevado a concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera que están generando gravísimos desajustes climáticos.
En definitiva, se trata de un modelo de desarrollo próximo a descarrilar por insostenible, con todo lo que eso conlleva.
Pero ahora, cómo no, la crisis sanitaria pasa a ser prioritaria sobre la crisis climática. Y es lógico, por cuanto la crisis actual, además de las terribles consecuencias sanitarias, aumentará la brecha entre países ricos y pobres, y dificultará el cumplimiento de la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Así, por ejemplo, según acaba de anunciar el Banco Mundial, las economías emergentes decrecerán por primera vez en los últimos 60 años. O más de 100 millones de personas entrarán en pobreza extrema. O, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se perderán cerca de 200 millones de puestos de trabajo.
Incluso antes de la crisis derivada de la pandemia, la reducción de la tasa de pobreza extrema en las últimas décadas se reducía a gran velocidad, se había estancado; o el hambre había aumentado por tercer año consecutivo y el porcentaje de población con acceso a energía y agua evolucionaba negativamente.
En definitiva, la crisis climática previa a la sanitaria estaba ya teniendo unos efectos tangibles, especialmente en las economías más débiles.
Así pues, parece claro que las consecuencias devastadoras de ambas crisis, la climática y la sanitaria, son inseparables, y por eso es imprescindible actuar de manera simultánea.
No podemos aplazar la lucha contra la crisis climática bajo la falsa premisa de que la crisis sanitaria es prioritaria, porque ambas son igual de letales y las medidas necesarias para paliarlas son exactamente las mismas.
Por eso Europa, con el “Pacto Verde” y el plan de recuperación “Próxima Generación Unión Europea”, se coloca a la cabeza del mundo en el esfuerzo por acometer, de manera simultánea, ambas crisis.
España, además, puede ser parte de ese liderazgo con la aplicación de medidas legislativas como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, actualmente en trámite.
Se trata, en definitiva, de poner en marcha iniciativas en campos como el de la rehabilitación energéticamente eficiente de edificios e infraestructuras, el desarrollo de energías renovables, la economía circular, el transporte y la movilidad eléctrica limpia, o tantos otros sectores económicos emergentes que en muy poco tiempo se convertirán en tractores del crecimiento limpio.
Todas estas son áreas en las que muchas empresas españolas somos mundialmente reconocidas. Y así como algunas empresas asiáticas o norteamericanas son claramente punteras en el sector tecnológico, nuestra ventaja competitiva en el sector de la sostenibilidad social y medioambiental es indiscutible en el mundo.
Hablamos de ello, el vector de crecimiento más importante de nuestra economía, porque la oportunidad es enorme, tanto a corto como a medio y largo plazo. Porque la inversión en infraestructuras sostenibles crea prosperidad en el corto, en el medio y en el largo plazo.
En el corto plazo, por ejemplo, cada euro de inversión genera casi el doble en actividad económica, y cada millón invertido en infraestructuras crea en torno a 14 puestos de trabajo de forma inmediata.
En el medio y largo plazo, las infraestructuras, qué duda cabe, son las que vertebran el desarrollo económico del progreso de los países.
Por otro lado, parece evidente que solo las infraestructuras sostenibles tienen cabida en una economía descarbonizada. Sería absurdo invertir en infraestructuras que, bien por motivos técnicos o de coste, o por motivos regulatorios o por el propio rechazo social, en poco tiempo fuesen a quedar obsoletas.
Por otro lado, es evidente que los recursos necesarios para impulsar los objetivos de descarbonización y recuperación económica son de tal magnitud que las actuaciones públicas no serán suficientes y es imprescindible la participación decidida del sector empresarial, muy especialmente aquel que se dedica al desarrollo de infraestructuras que contribuyan a los ODS.
Por si aún existiese alguna duda sobre lo imprescindible de la contribución empresarial a la solución de los retos de nuestro tiempo, permítanme que repase, muy brevemente, la contribución económica directa de Acciona, según nuestro auditor que, por otro lado, es la que conozco, y estoy seguro de que será parecida a todas las demás empresas de nuestro país: grandes, pequeñas y medianas.
En 2019, Acciona ingresó 8.000 millones de euros. De los 8.000 millones de euros, destinamos 4.800 millones a pagar a proveedores, 1.100 a pagar sueldos y salarios, más de 1.000 a pagar impuestos. Además, invertimos 1.000 millones y dedicamos algo menos de 200 millones a pagar dividendos.
Es decir, la contribución fiscal a las Administraciones públicas en concepto de impuestos, 1.038 millones de euros en 2019, es más de cinco veces el dividendo distribuido a los accionistas en ese mismo año.
Y, entiéndanme bien, no hay queja en lo que digo, me parece que la contribución fiscal o cualquiera de las partidas del cash-flow social, en general, son equilibradas y, desde luego, son necesarias.
Pero también quiero romper hoy una lanza en defensa de las grandes empresas por su insustituible contribución social y el frágil equilibrio entre nuestra capacidad de generación de empleo, nuestra contribución fiscal, los costes financieros, los pagos a proveedores, los beneficios y el retorno a los accionistas.
Creo que no hay duda de que es imprescindible la participación del sector privado, nacional e internacional, para salir adelante en la gran crisis que nos acecha. Tanto por el enorme esfuerzo inversor necesario como por la gran contribución empresarial a la financiación de lo público.
Para que esa participación sea eficaz y seamos capaces de desarrollar todo nuestro potencial, hay que eliminar barreras regulatorias innecesarias; hay que crear un entorno de estabilidad y confianza. Desde luego, relajar el clima de crispación política y social, y enviar cuantos mensajes de unidad y consenso sean posibles.
Si somos capaces de abonar nuestro impulso en torno a unos ideales de esfuerzo y objetivos compartidos, estoy seguro de que, una vez más, superaremos esta crisis y seguiremos avanzando hacia un futuro brillante para nuestro país.
Pueden contar con Acciona y con todos los que la formamos para hacer lo que humildemente podamos por contribuir a ello. Muchas gracias.

Apertura Sector financiero Energía y sostenibilidad Operadoras del sistema

Juan Roig

Carlos Torres Vila

Jordi Gual

José Ignacio Goirigolzarri

Josep Oliú

José Luis Aguirre

José Manuel Entrecanales

José Bogas

Antonio Brufau

Francisco Reynés

Miguel Antoñanzas

Antonio Llardén
