José
Miguel
Guerrero

Presidente CONFEMETAL

Mantener las empresas abiertas y en funcionamiento será la clave para evitar, después de la crisis sanitaria, una crisis social de posibles efectos devastadores.

Muchas gracias, buenos días.Comienzo agradeciendo a CEOE y a su presidente la celebración de esta cumbre, que me hayan invitado y la oportunidad de la misma. Me gustaría, al igual que han hecho quienes me han precedido hoy y otros días, enviar un mensaje de reconocimiento y solidaridad a las familias que han sufrido directamente el coronavirus, con el deseo de una pronta recuperación a quienes continúan enfermos y mi gratitud para los sanitarios y demás sectores que han luchado y lo siguen haciendo para cuidarnos frente a la pandemia.

Realizo mi intervención desde el pleno convencimiento de que el sector industrial será clave en el mantenimiento de un Estado de bienestar similar al que actualmente tenemos, y que en la medida de que su peso relativo en términos de PIB crezca, mejorará en paralelo el bienestar social, ya que, en mi opinión, es un sector que se basa en la industria manufacturera, y esta considero que es una de las mejores fórmulas para una mayor y mejor distribución de la riqueza.

Considero, por otra parte, que el mantenimiento del pulso del tejido productivo debe ser una de las cuestiones prioritarias desde todos los ámbitos de actuación. Mantener las empresas abiertas y en funcionamiento será la clave para evitar, después de la crisis sanitaria, una crisis social de posibles efectos devastadores.

Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta que el sector industrial es muy transversal, me gustaría centrar mi exposición sobre medidas, agrupadas por materias, a adoptar, y la estrategia de salida al COVID-19 en el siguiente decálogo.

En primer lugar, y por lo que se refiere a medidas en el marco de financiación y liquidez de las empresas, se debe ampliar la línea de avales públicos en 50.000 o 60.000 millones de euros para garantizar flujo de crédito a las empresas, así como una ampliación de plazos de amortización a siete años y de carencia a dos años. Se debe realizar el pago a proveedores en el plazo de un mes de todas las deudas contraídas por las Administraciones y empresas públicas.

Igualmente es necesario tramitar y agilizar la aprobación del reglamento sancionador de la Ley de Morosidad, para que contribuya a mejorar el cumplimiento de los plazos de pago establecidos en dicha ley.

Es igualmente necesario establecer los mecanismos y fondos necesarios que garanticen el mantenimiento de las coberturas de caución por parte de las compañías aseguradoras en los actuales niveles de aseguramiento de ventas, tanto en el mercado nacional como en los mercados de exportación.

Agilizar, por parte de la Administración Tributaria, la devolución del IVA, que no debería pasar de un mes de plazo, especialmente a aquellas empresas que operen con la inversión del sujeto pasivo y exportadoras, será una medida también muy importante.

En segundo lugar, y respecto a medidas fiscales, es importante facilitar, mediante aplazamientos a tipo de interés cero, durante el tiempo necesario, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente a pymes y autónomos. Sería importante también la bonificación impositiva, tanto local como estatal, en todas aquellas inversiones e instalaciones vinculadas a la reducción de la huella de carbono y de mejora de la salubridad pública.

Reducción del impuesto de sociedades a las empresas, -especialmente a pymes-, vinculadas a planes de inversión, generación y mantenimiento de la actividad económica. Finalmente, en este capítulo, decir que no es el momento de poner en marcha nuevas figuras impositivas hasta la superación de la crisis, a fin de preservar y hacer atractiva la inversión y nuevos proyectos generadores de actividad.

En tercer lugar, en el ámbito laboral, decir que es crucial la extensión de los ERTE hasta final de 2020 como medida imprescindible para muchos sectores, dotando de la seguridad jurídica necesaria a esa figura del ERTE.

Se debe potenciar el diálogo social y la negociación colectiva como elemento imprescindible para afrontar los nuevos tiempos y retos de las relaciones laborales, siendo conscientes de que, en la actual situación, la negociación de convenios debe mantenerse en segundo plano hasta la superación de la pandemia. Es igualmente necesario mantener las reformas realizadas, incluida la laboral, una vez que se ha comprobado su eficacia, y corregir únicamente aquellas cuestiones que puedan contribuir a mejorar la relación sociolaboral y, en todo caso, siempre en el marco del diálogo social.

Por lo que se refiere al grupo cuarto, formación y cualificación, se debe potenciar desde la educación básica las materias STEM, puesto que serán clave en el futuro del sector industrial. Esta cuestión debería incluirse dentro de un pacto de Estado por la educación, con vocación, claramente, de largo plazo. Es importante fomentar y dignificar la FP, tanto reglada como dual, como vehículo de acceso para los jóvenes a un buen empleo y como etapa intermedia en formación de nivel superior. Es importante resolver adecuadamente la incorporación de los estudiantes a las prácticas en empresas, otorgando seguridad jurídica a estas.

La formación y cualificación de los trabajadores es una cuestión fundamental, y para mejorar la empleabilidad de los que están en activo, se deben poner en marcha planes de formación sectorial con el objetivo prioritario de que la formación que se imparta se adecúe a las necesidades reales de las empresas.

En el capítulo quinto, impulso a la I+D+i y a la digitalización, es necesario simplificar y agilizar las deducciones fiscales derivadas de la inversión en I+D+i, y poniendo especial énfasis en la innovación y mejora de procesos de producción. Se debe fomentar y hacer realidad, mediante la puesta en marcha de los mecanismos fiscales, laborales y procedimentales necesarios, la aproximación de las empresas, -especialmente pymes-, a los centros de investigación y universidades.

Igualmente, se debe facilitar y dotar de seguridad jurídica, desde el punto de vista sociolaboral, la incorporación de tecnólogos a las empresas, estableciendo el marco adecuado de relaciones laborales que ayude a las empresas a retener talento que en otras circunstancias se irá afuera.

Se debe también establecer un plan de actuación para continuar con la transformación digital, enfocado preferentemente a pymes del sector industrial, y con visión de medio y largo plazo, que fomente la inversión y apueste decididamente, a través de los programas de ayuda necesarios, para la adquisición, formación e instalación de hardware, de software y de infraestructuras digitales en todo el territorio nacional, con especial atención a la España rural o España vaciada.

En sexto lugar, mirando hacia la Unión Europea e internacionalización, se debe mejorar la coordinación en el marco de la UE del control de fronteras, de la movilidad de trabajadores y mercancías. Establecer mecanismos a través de los cuales se garantice que los fondos que se puedan recibir de la Unión Europea se utilicen adecuadamente, y que sirvan fundamentalmente para la mejora de la competitividad del tejido productivo, mediante el programa de reformas necesarias en todos los ámbitos para la consecución de ese objetivo.

Es igualmente importante que el ICEX restablezca y potencie los programas de apoyo a las empresas, -especialmente pymes-, para el acceso a nuevos mercados. Actuar contra las restricciones a las exportaciones que medidas proteccionistas podrían producir en el normal funcionamiento de las cadenas de suministro globales y regionales, por el nuevo escenario post-COVID, será también una tarea importante.

Por lo que se refiere al capítulo séptimo, medidas de estímulo y reactivación del consumo, se deben realizar campañas y establecer medidas concretas para incentivar el consumo, activando planes Renove para sectores específicos, como se ha hecho con automoción, y que deberían extenderse a electrodomésticos, a rehabilitación de viviendas, especialmente en equipos e instalaciones de mayor eficiencia energética, equipos de tecnologías de la información y telecomunicaciones, a maquinaria y equipos industriales y agrícolas.

Quiero destacar que los planes Renove en general, además de contribuir al aumento de la recaudación fiscal, contribuyen a introducir en el circuito formal de la economía actividades que de otra forma quedarían fuera. Respecto a medidas de coordinación y mejora de las Administraciones Públicas, tanto estatal, como autonómica y local, se debe mejorar la coordinación y unidad política para luchar contra los efectos económicos y sociales de la pandemia.

Igualmente, se deben eliminar los obstáculos en la unidad efectiva de mercado, y que esta sea real y de fácil aplicación en productos y servicios en todo el territorio. Simplificar la legislación y evitar la multiplicidad de normas que hacen inmanejable la situación es también una cuestión prioritaria.

Se debe legislar poniendo énfasis en la atención a las personas y a las empresas. Igualmente, se debería eliminar la burocracia de las Administraciones Públicas y poner en marcha una gestión digitalizada que facilite la relación con los administrados. Por otro lado, agilizar las licencias, permisos, autorizaciones, etcétera, que permitan una puesta en marcha ágil de proyectos de inversión que generen actividad, poniendo en valor la declaración responsable de los promotores. En este ámbito, finalmente decir que reactivar las licitaciones, contrataciones públicas y proyectos paralizados como consecuencia de la COVID-19 deben ser elementos dinamizadores de la actividad económica.

Por lo que se refiere a medidas de reactivación industrial, se debe poner en marcha un plan industrial o pacto por la industria con el objetivo prioritario de que el sector industrial llegue al 20% del PIB a la mayor brevedad posible. Este plan industrial debe tener como objetivo principal, -que no único-, garantizar a través de mecanismos de vigilancia de mercados un nivel homogéneo de exigencia en todos los ámbitos para los proyectos, inversiones y actividad industrial.

Apostar decididamente por las cadenas de suministro de proximidad, donde el factor coste sea una variable más y no la única, sobre todo en lo que se podría denominar sectores industriales estratégicos. Se debe fomentar una cultura social de las ventajas de un sector industrial fuerte, estabilidad de empleo, mejores salarios, sector netamente exportador, etcétera, puesto que está demostrado que en las áreas geográficas donde esto es una realidad, el nivel de desempleo es menor y la sociedad es más próspera.

Igualmente, se debe reforzar la inversión en infraestructuras productivas, especialmente en aquellas que tienen que ver con el proceso de digitalización y apoyo a las empresas, -especialmente pymes-, para que inviertan y aceleren su proceso de digitalización y mejora competitiva.

Otro de los aspectos clave es aumentar el tamaño de las empresas industriales, para lo que es imprescindible redefinir y actualizar los umbrales que definen, tanto desde el punto de vista fiscal como laboral, el paso de pequeña a gran empresa.

En el capítulo de sostenibilidad, es necesario agilizar los trámites de concesión de permisos, licencias, trámites medioambientales que afecten a proyectos de inversión en energías limpias. En algunos casos duran años. Se deben igualmente abordar los cambios necesarios para efectuar una transición energética ordenada, evaluando los impactos socioeconómicos que ello pueda suponer, y los planes alternativos posibles con calendarios de tiempo realistas.

Potenciar las energías renovables de forma que se garantice un mercado energético competitivo y con garantía de suministro de energía comparable a otros países de nuestro entorno, tanto en calidad como en precio. Sería deseable adaptar el modelo productivo a la normativa derivada del paquete europeo de economía circular, y ello supone un importante reto que requerirá plazos adecuados para la implementación en las empresas. Es, en definitiva, un profundo cambio del modelo productivo, basado en ecodiseño, en reciclaje, en reparabilidad, en reutilización, etcétera, y se debería apoyar desde todas las instancias gubernamentales.

Como resumen final, diré que la mayoría de las propuestas no suponen coste, o este es asumible y con buenos retornos para la Administración, y se basan principalmente en la voluntad de realizar reformas enfocadas a la mejora de la competitividad de nuestro tejido productivo y la sostenibilidad del mismo.

Y acabo haciéndome eco del mensaje, de la frase más utilizada probablemente en los últimos meses que dice: “De esta situación saldremos todos juntos”. Y me gustaría añadir que será mucho más fácil y más rápido salir de esta situación si caminamos todos por la misma senda y en la misma dirección, y no lo hacemos en direcciones opuestas. Muchas gracias.

3ª JORNADA | 17 JUNIO 2021

Industria Automóvil Agroalimentaria

Francisco Martínez Cosentino
Presidente Consentino
09:00 Industria
Carles Navarro
Presidente FEIQUE
Clemente González Soler
Presidente Grupo Alibérico
Ignacio de Colmenares
Presidente ENCE
José Miguel Guerrero
Presidente CONFEMETAL
Javier Ormazabal
Presidente VELATIA
Alberto Gutiérrez
Presidente Airbus
José Vicente de los Mozos
Presidente Renault y ANFAC
10:30 Automóvil
Francisco José Riberas
Presidente GESTAMP
María Helena Antolín
Presidenta SERNAUTO
Raúl Palacios
Presidente GANVAM
Gerardo Pérez Jiménez
Presidente FACONAUTO
Tomás Pascual
Presidente Calidad Pascual
12:00 Agroalimentario
Tomás Fuertes
Presidente Grupo Fuertes
Antonio Hernández Callejas
Presidente Grupo Ebro Foods
Carlos Moro
Presidente Matarromera
Paulo Soares
CEO Campofrío
Ignacio Osborne
Presidente Osborne
José Domingo de Ampuero
Presidente Viscofan
Pedro Barato
Presidente ASAJA
Javier Garat
Secretario General de CEPESCA
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