Juan
Antonio
Gómez

Muchas gracias. Lo primero, dar la enhorabuena al presidente de CEOE por estas jornadas y, sobre todo, lo más importante, por el trabajo que está realizando la Confederación durante toda la crisis del COVID-19.

Muy buenos días a todos los que nos están siguiendo de manera telemática en estas interesantes jornadas, que nos están dando el punto de vista de hacia dónde está evolucionando la crisis del COVID-19 y hacia dónde tenemos que dirigir nuestras empresas a los efectos de que, cuando desaparezca esta crisis sanitaria, puedan afrontar de una manera firme y decidida la crisis económica que, ya se ha comentado durante todas estas jornadas, probablemente nos va a impactar con una profundidad importante.

Para ello, nuestro sector, el sector residencial, el sector de la edificación, estamos considerando que puede ser uno de los pilares fundamentales en la recuperación económica.

Nos basamos, fundamentalmente, en la salud financiera que después de la crisis de 2008 y después de haber hecho los deberes durante toda esta recuperación, nos encontramos en estos momentos. Y lo hacemos afrontando varias de las situaciones de desajuste estructurales que tiene nuestro país.

El desempleo, fundamentalmente, el impacto que va a tener sobre nuestra economía. Me quiero centrar en el desempleo juvenil, al igual que en la situación de desajuste estructural que se está produciendo en los jóvenes de hasta 35 años, que no han tenido posibilidad todavía, nada más que en un 17%, de emanciparse del hogar familiar.

Esto está generando una situación que nos va a impactar en el futuro las cuentas públicas, por supuesto, y en la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Si no somos capaces de facilitar una vivienda o el acceso a una vivienda a este grupo de jóvenes, nos vamos a encontrar con una situación como la que tenemos hoy en día y que no somos capaces de remontar.

Una pirámide poblacional absolutamente envejecida y con un soporte de las cuentas públicas por un porcentaje muy pequeño de ciudadanos. Luego, creo que es prioritario en estos momentos tomar las medidas necesarias para que estos jóvenes, que muchos de ellos los tenemos identificados –de los siete millones y medio, más de un millón y medio tiene capacidad de pago, pero todavía no ha tenido capacidad de ahorro–, tengan más facilidades de acceso a una vivienda para poder formar los hogares del futuro.

Sobre este programa que hemos planteado, estamos planteando compraventa de vivienda, estamos planteando que el esfuerzo que hacen las familias se vea aminorado por una mayor cantidad de préstamo hipotecario que se organizaría de la siguiente manera: hoy en día los bancos están facilitando el 75% de hipoteca del valor de la vivienda y lo que estamos planteando, porque somos conscientes de la situación de las cuentas públicas, es un compromiso de aval, de tal manera que con este compromiso los bancos pudiesen ampliar el crédito hasta el 9%, dando cobertura así a este grupo de jóvenes desfavorecidos para poder acceder a la vivienda.

Esto, solucionaría varios problemas de una tacada: el primero, parcialmente, la accesibilidad a los jóvenes a la vivienda; el segundo, cuentas públicas, porque con un volumen de 350.000 viviendas, las arcas públicas tendrían unos ingresos en todas las administraciones de más de 15.000 millones de euros.

Y todo eso sin poner un euro el Estado, solamente firmando un acuerdo con los bancos para la entrega de ese aval. Creemos que es una fórmula inédita en nuestro país, que se ha venido desarrollando en otros entornos y que ha funcionado magníficamente llegando a representar un porcentaje importantísimo en el volumen de operaciones de compraventa en otros mercados, como puede ser el inglés o como puede ser el mercado francés.

Esta medida puede ir acompañada de otra de la que también se ha hablado aquí, durante todas las jornadas, y tiene que ver con el compromiso que tiene nuestro país en la Agenda 2030 con la regeneración o la descarbonización de la economía nacional.

En Europa ya han empezado a actuar varios países y nosotros nos tenemos que incorporar de una manera decidida.

Actuaciones de rehabilitación o de regeneración urbana que ya se efectuaron en el pasado. Lo único que tenemos que hacer es mirar hacia atrás para ver cómo se eliminó el chabolismo de la ciudad de Madrid con este tipo de operaciones. Yo creo que esa actuación puede estar muy vigente a la hora de acometer estos proyectos de descarbonización de nuestra economía, yendo hacia una economía circular.

Nuestro sector tiene un impacto muy profundo en esta actividad y, para ello, lo que estamos planteando es colaboración público-privada. Creo que adaptando la normativa, flexibilizando el uso, con planes generales, seremos capaces, como ocurrió en el pasado, de acometer otro problema de acceso a la vivienda, sobre todo eliminando bolsas de edificios que se construyeron en los años 50 o en los años 60 y que hoy, por mucho dinero que gastemos en ellos, no dejan de ser infravivienda.

Todo esto tiene que venir acompañado -y así estamos, desde hace muchísimos años, hablando con las administraciones-, de una modernización de toda la tramitación administrativa, burocrática, de los permisos que necesitamos para ejercer nuestra actividad, en la que llegamos a plazos de atrasos insostenibles hoy en día, con el coste que supone y que incrementa la barrera de entrada hacia un acceso a la vivienda digna.

De un estudio que hemos realizado, hemos comprobado que dependiendo la Comunidad Autónoma o la ciudad, el precio de la vivienda aumenta entre 25.000 y 40.000 euros por retrasos de las concesiones de licencia.

Es el momento de acometer todas estas transformaciones y la modernización de las administraciones para que tengamos un sector industrial, para que seamos capaces de alguna manera de dar soluciones a la sociedad civil, que cada día nos lo va a demandar más.

Figura importante también, y así lo reclamamos, es la Ley de Seguridad Jurídica en el urbanismo. Nuestro sector ha sufrido retrasos siempre en las tramitaciones administrativas para poner nuestra principal materia prima, que es el suelo.

Consecuentemente, cualquier inversor que intentase ejercer esa actividad en nuestro sector, sabía cuándo entraba con su inversión, pero no era consciente de cuándo iba a salir. Esto ha producido situaciones de incrementos y de especulación que nada tienen que ver ya con el sector actual.

Necesitamos esa ley de seguridad jurídica en el urbanismo, que de alguna manera haga posible que nuestro sector sea un sector industrial, sea un sector resiliente y sea un sector sostenible.

Muchos años llevamos trabajando con las administraciones para, de alguna manera, agilizar e ir proponiendo actuaciones sobre esta materia. Hoy estamos viendo –lo que pasa es que ha tenido que llegar una crisis para que las administraciones tomen consciencia de esta situación– cómo diversas administraciones ya están tomando medidas en esta materia.

Creo que si por parte de todas las administraciones actuantes en nuestro sector, a nivel municipal, autonómico o nacional, se toman las medidas adecuadas siendo conscientes de cuáles son las limitaciones de los Presupuestos Generales del Estado, no pidiendo peras al olmo ni cosas que no se pueden conceder, tendremos un sector, el nuestro, el de la vivienda, que estará solventando varios problemas a la vez y que además estará ayudando al país a salir de esta profunda crisis que enfrentamos. Lo hará de aquí en adelante siendo motor de innovación, industrialización y generador de empleo. Muchísimas gracias.