Juan
Lazcano

Muchas gracias. Como sabemos, el impacto sobre la economía del COVID-19 ha consistido en un doble choque de oferta y demanda que ha traído consigo lo que podemos denominar como crisis de actividad contra la que, por tanto, no podemos actuar por la vía de los ingresos, sino del gasto, y para ello afortunadamente hay liquidez en el mundo financiero y amplio margen de actuación para los bancos centrales.

La incógnita está en cómo gastar con eficacia, con rentabilidad económica y social, con acciones que tienen que convivir con un entorno sanitario que no podemos controlar todavía como nos gustaría, con posibilidad incluso de rebrotes que limitan los grados de libertad.

En el ámbito empresarial, por ejemplo, durante la crisis financiera, nuestras empresas pudieron marchar al exterior; en esta crisis eso no es posible porque es global.

La clave sin duda es, insisto, cómo gastar, dónde destinar la liquidez disponible ya sea propia o europea. Ya se han producido, para paliar la crisis de actividad, dos medidas de carácter general: una que afecta a la oferta, ayudar a las empresas con medidas fiscales y financiación avalada por el ICO; y otra del lado de la demanda, proteger el empleo con los ERTE. Seguramente, ambas insuficientes, pero sí que han ido en la buena dirección.

Pero la medida, entiendo, que mejor conjuga, sin duda, el impulso a la actividad económica y el empleo es la inversión y especialmente la inversión en construcción, como así lo acredita la superación de otras crisis en el pasado y autoridades como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea o muy recientemente Eric Maskin, Premio Nobel de Economía y catedrático en Harvard, al afirmar que sólo saldremos de esta con una inversión masiva en infraestructuras.

La Comisión Europea, por su parte, en la recomendación al Consejo publicada el pasado mes, concluye que la prioridad ahora es combatir la pandemia con medidas de liquidez y de protección del empleo y, por lo tanto, no es momento de ajustes.

Y que debemos anticipar proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. ¿Y por qué la inversión en construcción e infraestructuras? Pues porque por su variada estructura empresarial, de grandes, medianas empresas y alta proporción de pymes, micro pymes y autónomos, su capacidad de respuesta es pronta, flexible y adaptativa; porque genera la segunda mayor creación de empleo de nuestra economía y porque cada millón de euros invertido genera la mayor actividad económica inducida, 1.92 euros por euro invertido, y genera el mayor impulso a nuestra industria nacional al precisar de la menor cuota de importaciones de todos los sectores productivos, tan solo un 9% y con un retorno fiscal del 49% por euro invertido.

También porque se trata en un sector muy estructurado en el ámbito laboral, en torno a un convenio colectivo nacional, una ley de subcontratación propia y una fundación laboral con 48 centros de formación, capaz de incorporar rápidamente al sector personas trabajadoras de otros ámbitos.

Las infraestructuras, en su concepto más amplio, que incluye, cómo no, la edificación, constituyen el andamiaje y soporte indispensable para el bienestar social, para hacer más eficiente y tecnológicamente más fuerte a la industria, al transporte y a la economía productiva.

Por tanto, esta crisis puede ser también una oportunidad con 10 años por delante, para abordar su modernización y conservación tras 10 años de consolidación fiscal y un déficit inversor de más de 200.000 millones de euros, conciliando estas necesidades con el ineludible compromiso de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la agenda 2030.

También, en este sentido, se ha pronunciado la Comisión Europea, que aconseja y propone, con el fin de superar la crisis económica derivada del COVID-19, llevar a cabo una fusión de los planes previos a la pandemia, ‘Pacto Verde’ o ‘Green Deal’ y ‘Agenda Digital’, cuya consecuencia sea un plan de recuperación para concretar la inversión en sectores y actividades de proyección futura en cuanto al logro de los objetivos de desarrollo sostenible.

La Comisión Europea señala entre estas actividades la construcción, la digitalización de servicios y una ola de renovación inmobiliaria. ¿Y qué proponemos nosotros a estos efectos las organizaciones empresariales que estamos concernidas y en base, por supuesto, a los estudios que venimos realizando para identificar necesidades y proyectos en sus diferentes estados de desarrollo? Bien, SEOPAN acaba de presentar un programa de inversiones para la reconstrucción económica y social de España para la década 2021-2030, que tiene un alcance de 157.000 millones y tiene la virtud de relacionarlo, como me he referido antes, con todos los objetivos de desarrollo sostenible más importantes.

En salud y bienestar, el ODS 3, para reducir a la mitad las muertes por accidente de tráfico en 2030 y garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de salud, ampliando nuestra capacidad asistencial anual hospitalaria.

En agua limpia y saneamiento, porque sólo el 32% de nuestros municipios de más de 10.000 habitantes disponen de sistemas de depuración y 145 núcleos urbanos seguían sin cumplir la directiva europea en 2019.

En energía asequible y no contaminante, medidas de eficiencia energética en el sector residencial y terciario. En industria, innovación e infraestructuras, para la sostenibilidad resiliente y calidad de nuestras redes de saneamiento, distribución y suministro de agua y de carreteras.

En ciudades y comunidades sostenibles, para el transporte público, metro y cercanías, la creación de infraestructura verde mediante soterramientos urbanos y para tratar y valorizar los 12 millones de toneladas de residuos que depositamos cada año en vertedero.

Y para vertebrar la España vaciada, con soluciones económicas para mejorar la calidad y seguridad de las vías convencionales y dotar de alcantarillado y depuración a las viviendas en municipios de menos de 50.000 habitantes que no disponen de estos servicios.

En vida y ecosistemas terrestres, para luchar contra la desertificación y la sequía y para prevenir las famosas DANA, las inundaciones y averías que periódicamente nos azotan.

Por su parte, la Asociación Española de la Carretera, que me honro en presidir, acaba de presentar un plan de carreteras seguras, verdes y conectadas, para que el sistema viario coopere en el logro de los ODS e impulse una estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada.

El plan propuesto, con una inversión de 32.000 millones de euros, absorbería alrededor de la mitad de las previsiones de paro en 2021, un millón de empleos.

Entre las actuaciones que contempla, está construir carreteras 2 + 1 en 114 kilómetros de la red convencional; repavimentar 90.000 kilómetros para reducir emisiones de efecto invernadero; adaptar 50.000 kilómetros a la movilidad conectada y eléctrica con la instalación de 14.900 puntos de recarga en vías interurbanas; crear itinerarios preferentes para la movilidad de mercancías en el entorno rural para 889 municipios; desarrollar una red de movilidad turística en la España vacía, que afectaría a 6.827 municipios, y construir 3.300 kilómetros de carriles bici y 6.930 kilómetros de vías prioritarias exclusivas para el transporte colectivo en las ciudades.

Y en lo que se refiere, ya se ha hecho alguna referencia, a la rehabilitación edificatoria en eficiencia energética, que para la Comisión Europea es urgente abordar, les recuerdo que hablo de una oleada de rehabilitación inmobiliaria.

Hay que tener en cuenta que en España, de los 10 millones de edificios existentes, con 26 millones de viviendas, 18 millones de ellas principales, solo un 5% ciento están construidas con el Código Técnico de la Edificación, un 40% están construidas con la normativa básica de 1979 y un 55%, sin ninguna normativa.

Y un detalle, el 80% de estos edificios seguirá en pie en 2050, que es cuando la Unión Europea se propone alcanzar la neutralidad de emisiones. Desde el lado de la oferta, el Gobierno alemán, con sus ratios, nos ha enseñado cuál es precisamente la ventaja de la rehabilitación sobre el impulso a la actividad económica, cómo reducen los costes de desempleo, producen retornos fiscales, etcétera.

Por poner un ejemplo y siendo prudentes, si entre el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el plan de vivienda y los fondos europeos, se destinaran 2.000 millones de euros al año, que supone pasar de las escasas 30.000 viviendas rehabilitadas actualmente a 120.000 en cuatro años, se habría generado una actividad económica equivalente a 52.000 millones de euros, se habrían creado 832.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, se habrían reducido los costes de desempleo en 7.600 millones de euros y se habría generado un retorno fiscal de 15.200 millones de euros.

Del lado de la demanda, sería aconsejable adoptar algunas de las siguientes medidas fiscales: reducir los costes fiscales en IVA, IBI y en impuestos y tasas sobre licencias municipales; establecer desgravaciones fiscales sobre la inversión en IRPF e impuestos de sociedades; subvencionar las actuaciones en función de la capacidad económica de los propietarios, la utilidad de la actuación y la inversión privada que arrastre y/o flexibilizar los parámetros urbanísticos como los de edificabilidad, número masivo de viviendas y cambios de uso.

Para que todas estas necesidades -y ya voy acabando- puedan en alguna medida materializarse, sería conveniente que Gobierno y oposición consensuen un plan de recuperación sin olvidar a las comunidades autónomas y corporaciones locales y que tenga en cuenta, importante también, cuantas aportaciones estamos haciendo desde las organizaciones empresariales. Por ejemplo, hoy.

Es necesario también que se elaboren unos Presupuestos Generales del Estado que refuercen la inversión pública aprovechando el relajamiento de la disciplina fiscal de la Unión Europea y aprovechando los fondos europeos disponibles, el fondo de recuperación o el marco financiero plurianual.

Como ya se ha dicho en esta sala, esta mañana, todo esto no será suficiente, porque tenemos que atender un gasto social cada vez más creciente y, por lo tanto, es necesario plantearse otras formas de financiación para afrontar esta realidad económica, para lo que es preciso revisar nuestro modelo de financiación de infraestructuras y para ello debemos recuperar la colaboración público-privada fomentando el modelo de concesión, que no altera la titularidad pública de nuestras infraestructuras, y anticipa y difiere en el tiempo nuestras inversiones, minimizando la captación, por tanto, de recursos públicos y su impacto también en el déficit público. Por otra parte, insisto con la problemática del gasto social, no podemos seguir eludiendo el debate sobre la necesidad de replantearnos la actual distribución de las cargas que los ciudadanos soportan por la construcción de sus infraestructuras y su conservación.

Es necesario ir a un modelo más sostenible y solidario, más justo y equitativo, que libere más recursos públicos al gasto social e involucre en mayor medida al usuario habitual de nuestras infraestructuras. Muchísimas gracias.