Rodrigo
Martín
Velayos

Buenos días, querido Antonio Garamendi. Quiero, en primer lugar, darte mi enhorabuena por esta magnífica iniciativa, en la que tu llamada está siendo masivamente atendida por todos, lo cual, sin duda alguna, creo que es señal de reconocimiento de los empresarios y ejecutivos a tu gestión y a tu credibilidad al frente de CEOE.

Y quiero comenzar mi intervención, como no puede ser de otra forma, con un recuerdo lleno de cariño a las miles de personas que nos han dejado en estos meses tan aciagos. Quiero enviar toda mi solidaridad y la de todos nuestros empleados en Randstad, que se unen a este mensaje a sus familias, porque ellas han tenido que sufrir la peor cara de esta crisis.

Durante este período, hemos visto merecidas muestras de respeto y admiración a los profesionales que han cuidado de nuestra salud o los de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que han velado por nuestra seguridad.

Yo hoy quiero hacer extensivo este reconocimiento a todos los trabajadores, sin excepción, como los manipuladores de alimentos, que han permitido que nuestro sustento diario estuviera listo; los transportistas, reponedores, cajeros, que han garantizado la cadena de suministro; los técnicos de comunicaciones, que han permitido que pudiéramos estar conectados; o los administrativos, que simplemente han calculado y liquidado las nóminas para que llegaran los ingresos.

En fin, absolutamente a todos porque todos, sin excepción, no solo generan su propio sustento, sino que aportan valor a esa gran cadena de relaciones que es la sociedad en su conjunto. Y lo hacen a través de su trabajo, el activo que más deberíamos proteger y el que más preocupados nos tiene a todos en este momento.

Durante esta crisis, muchas personas se han quedado temporal o definitivamente sin empleo. Estas personas han vivido momentos de especial frustración, ya que no podían salir de casa a buscar un nuevo camino profesional y en los mismos instantes que eso estaba ocurriendo, muchas empresas nos pedían ayuda: personas que les ayudaran a prestar servicios sanitarios en hospitales o a reponer productos en cadenas de alimentación, o atender llamadas en centros de atención a usuarios.

Yo, personalmente, siempre me he sentido orgulloso de trabajar en esta actividad, pero durante esta crisis, este orgullo ha ido mucho más lejos. Nuestra actividad se encarga de suministrar personas a las empresas y de suministrar empleo a las personas. Nosotros somos los que suministramos a las personas que suministran a su vez la salud y cuidados o alimentos o que los transportan, los reponen, los cobran.

Nosotros suministramos a personas que suministran las telecomunicaciones, la energía, la limpieza, las aplicaciones informáticas, las transacciones financieras, en fin, un largo etcétera.

Estoy convencido de que nuestros empleados también son esenciales, porque sin ellos y sin su labor, la cadena de suministro se habría roto definitivamente, ya que las personas necesarias no habrían estado en sus puestos de trabajo disponibles para aportar el valor necesario a la sociedad en estos momentos tan duros.

Y si el empleo es lo más importante para nuestro futuro como sociedad y es lo que más nos preocupa a todos en la salida de esta crisis, personalmente me parecería un gran avance que todos llegáramos pronto al convencimiento de que ninguna forma de empleo legal es precaria.

Que lo verdaderamente precario para las personas, contra lo que debemos unir fuerzas y luchar, es el desempleo y el subempleo. Es decir, el que se produce en la economía sumergida y deja a trabajadores abandonados a su suerte, sin derechos y sin protección.

Me parece frívolo llamar “precaria” a ninguna forma de empleo legal, cuando en los últimos tres meses hemos perdido 700.000 puestos de trabajo, 886.000 ya desde comienzo del año, y cuando además, en este momento, tenemos a tres millones de personas afectadas por un ERTE.

Es el momento de luchar juntos utilizando todos los recursos disponibles en el sistema para crear empleo. Eso requiere medidas inminentes para el corto plazo y también reformas estructurales para el largo. En el corto plazo, lo primero que necesitamos es ganar tiempo, dar tiempo a las empresas para que recuperen su actividad. En una encuesta sobre recuperación elaborada por nuestro Centro de Estudios Laborales, Randstad Research, contestada por más de 15.000 empresas en España, observamos que la gran mayoría percibe que su recuperación en términos de volumen de negocio se concentrará entre el último trimestre de este año y el primer trimestre del año 2021.

Muchas de esas empresas tienen hoy a algunos de sus trabajadores afectados por un ERTE, que, si no se remedia en los próximos días, perderá su vigencia el 30 de junio.

Es vital empatar los plazos de utilización de esta importante medida de flexibilidad con los plazos previstos de recuperación del volumen de negocio de las empresas, ya que, de lo contrario, en breve, estas empresas estarán gestionando ERE en lugar de ERTE y eso será tan dramático que podría llevar la tasa de desempleo incluso por encima de los niveles máximos vividos en la crisis anterior.

El paro se va a mover en los próximos trimestres entre el 18% y el 27% y, en buena medida, que se aproxime más a un extremo o a el otro dependerá de lo que en los próximos días consigan acordar el Gobierno y los agentes sociales sobre los ERTE.

En esta conversación, en mi humilde opinión, el enfoque no debería estar en fijar una fecha concreta sobre su vigencia, sino en vincularla en todo momento con el nivel de recuperación de la actividad en las empresas. Y dicho volumen de actividad estará igualmente afectado por efectos de oferta y de demanda, y para evitar impactos indeseados tanto en uno como en otro lado, tenemos que ser rápidos en diseñar procedimientos para que la seguridad en la salud de las personas sea compatible con la continuidad de la actividad económica. Nuestro sector arrancó, ya hace casi dos meses, una alianza liderada por Randstad, Adecco y Manpower, a la que posteriormente se ha unido la World Employment Confederation, llamada “Safely back to work” (vuelta segura al trabajo).

Con esta iniciativa global, hemos puesto a disposición de los gobiernos, las empresas, las personas, la sociedad en general, todo nuestro conocimiento a lo ancho del mundo para el desarrollo de protocolos que permitan una adaptación rápida y segura de los entornos de trabajo, con un único objetivo, el de que las empresas puedan reiniciar rápidamente su actividad y también estén preparadas para continuarla con seguridad para sus empleados, en el caso de que se produzcan futuros rebrotes.

Es vital ayudar a las empresas, muy en especial a las pymes, a instalar mayor capacidad para que sus empleados puedan teletrabajar. Pero también lo es ayudar a aquellas otras, cuya actividad no les permite el teletrabajo, a adaptar sus centros físicos para seguir desarrollando su actividad con seguridad para las personas.

Un potencial rebrote del COVID-19 no debería combatirse ya con una congelación de la actividad económica. Ahora tenemos tiempo para prepararnos y para poder hacer compatible la lucha contra la epidemia con la continuidad de esta actividad. En el medio plazo, las empresas necesitarán incentivos a la contratación y no habrá mayor incentivo para ellas que la seguridad jurídica en todos los ámbitos y muy especialmente en materia de legislación laboral.

Personalmente, considero muy acertada la revalorización de los salarios en tiempos de bonanza económica y bajas tasas de paro, de la misma manera que considero muy inoportuno el incremento de costes laborales unitarios, por cualquier vía, en tiempos de inestabilidad, incertidumbre y altas tasas de desempleo.

El mercado laboral va a necesitar herramientas de flexibilidad y de contención de costes laborales unitarios para salir de esta crisis y ponerse a generar empleo, y recuerdo que ya entrábamos en ella, en la crisis, con un incremento de estos costes laborales unitarios cercanos al 5%, según datos del primer trimestre.

Ya vendrán los tiempos de volver a poner en la agenda nuestras asignaturas pendientes. Sin duda alguna, el entorno en el que vivíamos hace tan solo un trimestre es radicalmente distinto al que vivimos hoy y por ello la agenda en materia de legislación laboral también debería tener otras prioridades ahora.

“Flexibilidad” no debe ser sinónimo de “incertidumbre”, es importante rescatar el concepto de “flexiseguridad” que tan buenos resultados ha dado en algunos de nuestros países vecinos en Europa.

Me baso en este concepto para enumerar finalmente las medidas que, en mi humilde opinión, necesitamos para nuestro país a largo plazo. Las empresas, para crear empleo en un contexto tan incierto como el que vivimos, necesitamos flexibilidad.

Las personas, por otra parte, necesitan seguridad en sus vidas. El sistema debe encontrar espacios para conciliar ambas necesidades. Dichos espacios se encuentran en el terreno del fomento de la empleabilidad y es por eso que es más urgente que nunca que no pongamos a trabajar en el incremento de la empleabilidad de nuestra población activa; y dicho incremento se basa en dos ejes: el sistema educativo y las políticas activas de empleo.

Tenemos que llevar el mercado laboral al sistema educativo y tenemos que extender la educación a lo largo de la vida laboral. No puede haber en la vida de las personas una fase para formarse que dura entre 10 y 15 años y otra fase separada para trabajar que dura entre 40 y 50 años.

Ambas fases han de estar mucho más entrelazadas y la formación debe continuar de manera intensa hasta el final de la vida laboral. La velocidad de cambio en el mundo no hace más que incrementar. El COVID-19 es, de hecho, mucho más un agente acelerador del cambio que de cambio en sí mismo.

Esta velocidad de transformación determina nuestra necesidad de aprendizaje constante para no quedar fuera del mercado laboral, porque nuestra protección como trabajadores no está en la legislación laboral ni en nuestro contrato, sino en nuestras capacidades.

Las políticas activas de empleo y, en concreto, aquellas directamente vinculadas con la formación de las personas, representan menos de un 10% ciento de los más de 25.000 millones de euros a los que asciende el presupuesto total de políticas de empleo en España.

Su alineamiento con las necesidades actuales o futuras del mercado de trabajo es muy cuestionable. La colaboración público-privada, en este asunto, es vital y debería reactivarse con urgencia en este momento, en la vuelta a la normalidad.

Termino ya volviendo al agradecimiento con el que arrancaba, a todos mis empleados, porque en este tiempo han demostrado el coraje y el compromiso con el que se puede superar esta y cualquier crisis; a todos los trabajadores en nuestro país, porque son los que mantienen en pie no solo a sus economías familiares, sino también a la gran familia que debe ser España. Y, por supuesto, a ti, Antonio Garamendi, por esta gran iniciativa que espero que ayude mucho en la reconstrucción que necesitamos. Aquí tienes a Randstad para lo que podamos ayudar.